Se trata de un caso que lleva alrededor de 30 años de litigio judicial, que hoy se traduce en un posible perjuicio para el Estado ecuatoriano por 30 mil millones de dólares que buscan ser entregados como indemnización a una empresa llamada ‘Cumbaratza’, esa fue la denuncia de la asambleísta Isabel Enrríquez.
Y es que todo se remonta desde 1985, donde la empresa buscaba adueñarse de territorios ajenos, terrenos que le pertenecen Estado ecuatoriano. Pero fue en 1996, donde la entonces Corte Suprema de Justicia, señaló que la empresa Cumbaratza no tiene derechos sobre esos terrenos y que las más de 30 mil hectáreas de suelo sean revertidas al Estado ecuatoriano, es decir, al ciudadano.
En el 2021, el Gobierno actual a través del Ministerio de Energía y Minas, manifestó un deseo de acuerdo conciliatorio ante la Procuraduría General del Estado con el objetivo de entregar las 30 mil hectáreas de suelo nacional a la empresa.
Por su parte, la legisladora por Zamora Chinchipe envió un oficio al Procurador General del Estado y el Ministro de Energía y Minas para impedir que se genere esta acta de acuerdo, entre el Estado y la empresa Cumbaratza. Lo que se busca con esta mediación es el Gobierno Nacional pague una indemnización de un millón de dólares por cada hectárea no concesionada, es decir, un perjuicio por 30 mil millones de dólares, lo equivalente a inversión de un año en educación, salud, empleo y seguridad.
